De forma especial, la Universidad Libre Seccional Barranquilla, celebró el 16 de julio de 2021, el conversatorio “Los Aportes de la Región Caribe en la construcción de un Estado Constitucional”, por medio de la plataforma Zoom.
El evento, organizado por la facultad de Derecho y Ciencias Sociales y su área de Derecho Público, contó con la distinguida presencia de los invitados especiales Dr. Antonio Lizarazo, actual Presidente de la Corte Constitucional; el Dr. Alfredo Beltrán Sierra, ex Magistrado de la Corte Constitucional, entre los años 1998-2006; los constituyentes Dr. Eduardo Verano De La Rosa y el Dr. Héctor Pineda Salazar; así mismo, se contó con la intervención del Dr. Carlos Caicedo Omar, actual Gobernador del Magdalena. Vale destacar que también participaron en la jornada académica renombrados docentes de la facultad de Derechos y Ciencias Sociales.
La instalación y abrebocas de la jornada, realizada por el Dr. Antonio Lizarazo, actual Presidente de la Corte Constitucional entregó grandes consideraciones sobre la pertinencia de la constituyente del año 1991, momento que derivó en la creación de la Constitución del 1991 que permitió dar un salto de calidad en la aplicación de justicia y la defensa de los derechos humanos en el país.
Así mismo, exaltó el papel de grandes dirigentes sociales y políticos del Caribe, y sobretodo, los jóvenes para promover en su momento la ‘Séptima Papeleta’ que demostró un descontento general en el común denominador del país que era consciente de que había llegado el momento de hacer realidad cambios sustanciales como la ampliación y real garantía de los derechos fundamentales y la apertura de espacios políticos y sociales para las minorías étnicas.
Más adelante, intervino el Dr. Alfredo Beltrán Sierra, ex Magistrado de la Corte Constitucional, resaltó las nobles pretensiones que se gestaron durante la constituyente y el documento final que resultó en la Constitución de 1991. En esta, en palabras del Dr. Beltrán, se propendía por un estado autónomo, descentralizada, con un régimen democrático que reconozca derechos a las regiones.
Así mismo, recalcó que la Carta Magna reconoce la necesidad latente en las regiones para desarrollarse de forma autónoma, gestionando sus propios recursos. Algo que destacó de esta gesta histórica fue el crisol de vertientes políticas que confluyeron en la toma de decisiones, así mismo, de la inclusión de los pueblos indígenas, reconocidos como entidades regionales, pero que, en la práctica, a día de hoy, aún no se les ha dado el estatus que merecen, y muchos menos, las regiones tienen autonomía en la gestión de los recursos propios.
Por otro lado, dio cátedra el Dr. Carlos Caicedo Omar, actual Gobernador del Magdalena, quien se refirió a la evolución histórica de la Carta Magna; y de forma especial, los pro y contras del Federalismo en Colombia; y las oportunidades de desarrollo, justicia y equidad que brinda la descentralización para el fortalecimiento de la democracia y el Estado Social de Derecho.
Para el Dr. Caicedo, el ordenamiento territorial aún está en mora de reconocer la autonomía de las regiones para gestionar los recursos que genera, aun cuando hay estados que muestran gran desarrollo, como España e Italia, con un grado alto de descentralización administrativa y financiera que permite la autogestión de las provincias. En su reflexión final, señaló al centralismo de las élites políticas que no conciben el hecho de conceder poder a las regiones con el ánimo de no perder su ventaja política, administrativa y financiera con el eventual desarrollo de los territorios que, a día de hoy, aún permanecen en el siglo pasado por la desidia y la negligencia de estos.
A su turno, dio lugar la presentación del ex constituyente y ex Gobernador del Atlántico, el Dr. Eduardo Verano De La Rosa, quien resaltó la pertinencia de la constituyente para ejercer un precedente buscando el sueño federalista donde cada región tenga un modelo de gestión administrativa autónomo que se rija por su cultura, modelo económico y demás factores que deriven de la construcción ciudadana.
En la misma vía, resaltó que las fuerzas del centralismo hundieron esos sueños que, a la postre, derivaron en la concentración exagerada del desarrollo en muy pocas zonas del país mientras que en el grueso del territorio reinan la pobreza, la miseria y la falta de oportunidades que obliga a la migración hacia las urbes o metrópolis más cercanas en búsqueda de mejores condiciones con todas las consecuencias sociales, económicas y culturales que ello acarrea.
De otro lado, intervino el Dr. Héctor Pineda Salazar, ex constituyente, y ex miembro del grupo insurgente M-19, quien dio su visión particular de los hechos, haciendo un recuento histórico desde sus días en la guerrilla, donde concebía junto a sus camaradas un nuevo modelo de estado, que fuera incluyente, pluralista, democrático y que les permitiera a sus regiones desarrollarse de forma autónoma y no al antojo de las élites del interior del país.
En forma muy personal, narró todos los procesos durante el proceso de paz y la feliz coincidencia con la gesta de la ‘Séptima Papeleta’, y así mismo, los intríngulis al interior de la formulación y postulación del regionalismo como un motor de desarrollo para cada unidad administrativa regional por parte de los constituyentes caribe en la elaboración del documento final de la Constitución del 91, que al final, aún a día de hoy, no se ha cristalizado por circunstancias políticas de esas misma élites que aún comandan el país.
Como un detalle especial para recordar con videos y fotos del momento histórico, se proyectaron apartes de la elaboración y los principales personajes de la Asamblea Nacional Constituyente que, fue la savia principal que nutrió el surgimiento de la Constitución del 1991, fruto del trabajo entre diferentes sectores sociales que propendían, en ese momento, por una mejor Colombia.
En la segunda parte del evento se dividió el abordaje en cinco temáticas, en primer lugar, se manejó la temática de los Derechos Humanos donde expuso magistralmente el Dr. Ramón Pacheco Sánchez, docente del programa de Derecho, quien trató diversos tópicos relacionados con las normativas internacionales para el cumplimiento del Estado Colombiano como el Pacta Sunt Servanda, entendida como el fiel cumplimiento de las convenciones pactadas y que, aún no se aplica de forma adecuada en nuestro país.
De otro lado, también trajo a colación el control de convencionalidad como herramienta efectiva para hacer que los estados concreten las obligaciones de garantizar los derechos humanos en el ámbito interno, con la respectiva verificación de la conformidad de normas y prácticas, ajustadas con la Convención Americana de Derechos Humanos. Así también, relató el papel que debe tener el control de constitucionalidad conviniendo en que es menester vigilar estrictamente que los actos y procedimientos de un órgano del sistema respete la supremacía de la constitución siempre.
Avanzando en la jornada dio lugar la exposición de la Dra. Gretty Pavlovich Jiménez, docente del programa Derecho, quien propuso la temática de la concepción de los derechos humanos al interior de la Constitución de 1991. La Dra. Pavlovich resaltó que el auge de los derechos humanos en el mundo, sumado al surgimiento de nuevos modelos económicos, políticos y sociales fue un crisol que conllevó a la creación de la Carta Magna de los colombianos.
De igual manera, tocó el desarrollo jurisprudencial de los derechos como un clave para su efectivización en el entendido de que se creó un marco legar, de vanguardia para ese entonces, donde se sentaron los procedimientos y normas que, salen del legislador, hacia la rama judicial, pero que pueden ser controvertidas por los mecanismos de participación ciudadana, así como la tutela, que fue concebida para proteger los derecho fundamentales antes cualquier amenaza o vulneración, ya sea por acción o la omisión del cualquier autoridad pública.
Por su parte, el Dr. Jesús Acevedo Magaldi, propuso su disertación girando en torno a la inclusión de la ecología en la Constitución del 91, donde señaló que, si bien anteriormente se habían dado ciertas normas o regulaciones al tema ambiental, en la del 91 se le confirió al medio ambiente un carácter de interés superior a través de un amplio catálogo de disposiciones que configuran la conocida constitución ecológica.
Entonces, para el Dr. Acevedo es un deber aparte del Estado, de los ciudadanos velar y hacer cumplir el mandato constitucional del cuidado y conservación del ambiente, en el terreno urbano y rural, fomentando dicha conservación, la importancia de la ecología y propendiendo por la educación para el logro de esos fines.
Por su parte, la Dra. Oona Hernández Palma, docente del programa de Derecho, propuso la exposición sobre la Constitución y las nuevas tecnologías como la cuarta ola del Derecho en el país, en la cual desplegó una serie de disposiciones por parte de la Corte Constitucional que intentan regular los derechos digitales de las personas, en la misma vía pretende que los gobiernos no impongan normas que favorezcan tecnologías sobre otras con el ánimo de crear monopolios y sus subsecuentes problemas.
De otro lado, la Dra. Hernández también trajo a colación la jurisprudencia relevante a los derechos digitales donde se acrecienta cada vez más la labor de la Corte Constitucional dirimiendo las controversias sobre el ejercicio, por ejemplo, de la libertad de expresión en la web. En ese sentido, se puede visualizar un avance en la protección de derechos digitales sin que ello quiera decir que no exista la censura y el constreñimiento digital hacia personas que pretenden ejercer opinar libre y de forma contraria al status quo.
En el segundo bloque se trató como eje de discusión la Defensa Judicial de la Constitución del 1991, donde dio lugar la presentación del Dr. Eduardo Cerra Nolasco, docente del programa de Derecho, quien trató la temática en torno al control de convencionalidad y la justicia multinivel. El Dr. Cerra, en un principio, realizó un recuento histórico sobre cómo la humanidad llegó al Estado Social de Derecho que obliga a los estados a proveerle al ciudadano condiciones dignas de vida y garantías para su pleno desarrollo integral.
Así las cosas, entró en materia el control de convencionalidad para proteger los derechos humanos de los ciudadanos que estén siendo vulnerados por parte del estado donde residen o transiten. De ahí pasó a la justicia multinivel, como un mecanismo y garantía que gozan las personas hacer valer sus derechos no solo a nivel interno sino también a nivel internacional cuando se agoten los recursos y el estado donde se pertenezca o transite no ampare o salvaguarde esos derechos fundamentales.
Más adelante, intervino la Dra. Linda Náder Orfale, docente del programa de Derecho, quien trajo a colación el tema de la Acción de Tutela con la providencia judicial, principios versus derechos, en el cual desarrolló diversas reflexiones sobre la importancia de la tutela contra un fallo judicial, aclarando que la Corte Constitucional ha establecido unas causales para admitirlas dependiendo de varios criterios y que atenten contra los derechos fundamentales.
En otro aparte de su intervención trató las tensiones que se dan entre el principio de Cosa Juzgada y la Acción de Tutela; el principio de celeridad dado que por mandato constitucional debe darle prelación a la tutela; así mismo, con el principio de Independencia y Autonomía judicial dado que un juez revisaría mucho tiempo después el fallo creando una especie de tercera instancia. En resumen, se estableció que la tutela ha sido un mecanismo efectivo para la defensa de los derechos fundamentales que antes no tenían la oportunidad puesto que no había un mecanismo que le entregara ese ‘poder’ al ciudadano.
Acto seguido, se presentó el Dr. Raúl Almarales Quintero, con el tópico ‘Control contramayoritario como garantía del Estado Social de Derecho a partir de la Constitución Política de 1991’, a través del cual explicó que una decisión es legislativamente contramayoritaria cuando es tomada en contra de una mayoría por el propio cuerpo legislativo que le representa. La decisión que aprueba una norma rechazada por una mayoría del electorado o población pertinente es contramayoritaria legislativamente. Así las cosas, permiten el sano balance de pesos y contrapesos que está establecido en todas las democracias a nivel mundial.
En el caso colombiano, el expositor consideró que es pertinente puesto que establece un límite a las mayorías que quiera determinar los destinos de las minorías en temas como la explotación minera, aurífero o hasta el fracking en zonas donde viven etnias protegidas constitucionalmente que desde el poder central buscan despojar de sus territorios para establecer negocios en menoscabo de los derechos de esas comunidades.
Seguidamente, se introdujo la participación de la Dra. Patricia Morris Bolaños, docente del programa de Derecho, quien realizó una mirada a la interpretación que se le ha dado a la Constitución del 1991 contrastada con las tendencias actuales, en donde consideró que el estado colombiano ha transitado, al igual de las demás democracias latinoamericana, en la legalización, la constitucionalidad y la convencionalidad, a partir de los ecos franceses que llegaron a Latinoamérica.
Con el pasar del tiempo, la administración de justicia se fue rigiendo por la constitución política hasta llegar a la convencionalidad que obliga a los estados a reformar sus normas internas acorde a las tendencias de vanguardia en defensa de los derechos humanos. En resumen, la Dra. Morris, si bien alabó las pretensiones y alcances de la constitución del 1991 hizo un llamado para revisar la vigencia de varias normas pretendiendo incluir varias que estarían más acorde con las tendencias del Derecho en la actualidad.
En en el tercer eje temático, se abordó la importancia de la Participación Ciudadana, por parte del Dr. Alfredo Ramírez Nardíz, docente de programa de Derecho, donde se realizó un examen minucioso sobre la evolución integral de la democracia participativa desde la aplicación efectiva de la Constitución Política del 1991 30 años después.
Así mismo, se hizo un paralelo con los cambios constituciones que se realizaron en Europa y, principalmente, España en relación a la democratización del poder y sus consecuencias, aciertos y desaciertos. Trayendo el tema a Colombia señaló los escasos efectos de la participación ciudadana, en un lado por los exigentes requisitos para ejercer los mecanismos participativos y otro, la escasa cultura ciudadana en el país que dan como fruto un efectos escasos o mínimos de estos.
La jornada académica prosiguió con el cuarto eje temático a través del cual se realizaron diversas reflexiones y miradas sobre el Ordenamiento Territorial. Para ello, intervino el Dr. Rachid Náder Orfale, realizando diversos planteamientos acerca de la creación de las Juntas Administradoras Locales JAL a partir de la Constitución del 91. En su disertación, el Dr. Náder, narró el proceso que llevó a la JAL a constituirse en lo que son hoy día, instituciones descentralizadas de forma interterritorial en cada municipio que gestiona recursos y administra diversos procesos administrativos.
Para el ponente, aún a día de hoy, los ciudadanos no tienen los espacios para expresar sus necesidades y que sean focalizadas a través de las JAL, para que el mandatario local tome las decisiones con base en las necesidades reales, tampoco se ha empoderado a la ciudadanía para que reclame sus derechos y tampoco se le ha dado cabal cumplimiento a la normativa por parte de los consejos municipales y asambleas municipales.
Por otro lado, dio paso la disertación del Dr. Pedro Aragón Canchila, docente del programa de Derecho, quien trató el tópico del Ordenamiento y desordenamiento territorial, por medio del cual dictó cátedra sobre el origen del ordenamiento territorial desde la concepción del estado que debe solventar y fomenta el cumplimiento de los derechos humanos.
En contraposición a esto está el desordenamiento territorial, tomando por el artículo 286, por ejemplo, que conforma la división político-administrativo del país proclama territorios indígenas, pero solo en el papel puesto que el plano real aún se está en mora de asignar y proteger los territorios donde estas comunidades puedan desarrollarse libremente. En la misma vía, también ejemplificó el desarrollo desigual por regiones, algunas que siempre están en el ejercicio del poder, y otra, que, hasta el momento sobreviven miserablemente de las migajas que le arrojan esas élites.
Más tarde, se presentó el Dr. Juan Pabón Arrieta, realizando varias consideraciones en torno al Federalismo como alternativa práctica para el fortalecimiento en Colombia de la democracia y el Estado Constitucional de Derecho. En un principio, el Dr. Pabón, señaló que la Constitución Política en sus artículos primero y tercero, constituyen una falacia, puesto que en vida práctica dichas entidades territoriales supuestamente descentralizadas carecen de voluntad política, que, en plata blanca, significa que no tiene la capacidad de autogobernarse.
Por otro lado, apuntó que estos son, a lo sumo, organismos representativos que tienen del poder central que carecen de herramientas fiscales, políticas, económicas, sociales y culturales y dependen irrestrictamente de las decisiones centralistas de las élites del altiplano. También trató el tema de la voluntad política y la soberanía acotando que esta no representa al pueblo puesto que el régimen centralista y, bajo el presidencialismo, acapara el poder para unas cuantas regiones que detentan el poder hace siglos en mella de otras que viven en el atraso, el abandono y el saqueo constante, con la connivencia de estas mismas, todo con el ánimo de sabotear todo intento de participación democrática en la toma de decisiones que impactan a todo el país, que iría en demérito de sus interés mezquinos con las demás partes de Colombia.
Finalmente, se trazó el quinto eje temático que pretendió el análisis de las Finanzas Públicas. En primer lugar, se presentó el Dr. Felipe Heras Montes, docente del programa de Derecho, con ricos planteamientos que ahondaron en el Principio de Eficiencia del Gasto Público, que es un punto fundamental de la política fiscal de los países sumamente determinante para alcanzar los objetivos de desarrollo económico. En la misma vía, el Dr. Guillermo De La Hoz, docente del programa de Derecho, estuvo realizando varias consideraciones sobre el Sistema General de Participaciones y las transferencias a las entidades territoriales que se han visto disminuidas en rubros tan importantes como el del Ministerio de Educación, con la disminución porcentual, año a año, de los recursos óptimos para desarrollar políticas públicas en favor del pueblo colombiano.
